La corrupción afecta a todas las personas, y es una de las principales preocupaciones de los jóvenes ecuatorianos.
Esta preocupación se reflejó en una encuesta de U-Report Ecuador sobre el proceso electoral de 2021 en la que el 19,2% de los adolescentes y jóvenes que la respondieron dijeron que el tema que más les preocupa es la lucha contra la corrupción.
El abuso de poder, la falta de transparencia en la administración pública, la desviación de fondos y otros, son temas alarmantes porque además de generar desconfianza en la gestión del gobierno, afecta a la consolidación de la democracia en el país.
La corrupción no es una cuestión solo de políticos; cada acto corrupto, desde el estudiante pagando a sus docentes para aprobar una asignatura, hasta el funcionario público usando indebidamente los fondos públicos con fines personales, beneficia ilegítimamente a alguien pero también crea costos y perjuicios para todos, e impide el ejercicio y goce de derechos humanos socavando la institucionalidad de un Estado de Derecho.
Según el Indicador de Corrupción para América Latina (CESLA) de julio de 2020, Ecuador está entre los 15 países —de 180— con más alto nivel de corrupción y debilidad extrema en política anticorrupción de la región. El mismo informe menciona que la lucha real contra la corrupción, más allá de requerir reformas a leyes y creación de políticas públicas, necesita de una justicia independiente que pueda vencer a la impunidad.
La corrupción es un juez que recibe un soborno, es un alcalde que roba el presupuesto de su municipalidad, pero también es un ciudadano que ofrece dinero al oficial de tránsito para no pagar una multa. La corrupción consiste en actos cotidianos “menos graves” pero que también perpetúan este mal que profundiza la pobreza e incrementa la desigualdad social.
Según el concepto elaborado por Edward Sutherlandla, sociólogo criminólogo estadounidense del siglo XX, estos delitos, o la mayoría de ellos, se sitúan en la clasificación de “delitos de cuello blanco” y son cometidos por personas de alto nivel económico y social. Su fisonomía delincuencial y sus motivaciones se apartan radicalmente de las que caracterizan a la criminalidad convencional, por lo cual, sus actos resultan especialmente reprochables.
Evidentemente la corrupción es uno de los más fuertes obstáculos para el progreso de las naciones. Por eso, la Asamblea General de la ONU aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción en 2003, la cual entró en vigor en diciembre de 2005 y fue suscrita por el Ecuador en 2017.
La misma encuesta de U-Report también reveló que 638 adolescentes y jóvenes creen que la lucha contra la corrupción será el desafío más importante para el próximo gobierno.
Aún más por la gran oleada de casos de corrupción que ha tenido el Ecuador en medio de las crisis del covid-19 como irregularidades en la compra de insumos médicos, la compra de mascarillas con sobreprecio, o las irregularidades en la adquisición de pruebas de detección rápida de covid-19, entre otras que han provocado malestar en los jóvenes sobre la gestión del Estado. De aquí surge la importancia de la transparencia de la información pública como un mecanismo para ejercer el control social del ámbito público.
Cada cuatro años, los ciudadanos ecuatorianos tenemos la obligación de elegir a un nuevo mandatario y sentimos incertidumbre porque la corrupción y las pasadas administraciones han lesionado nuestra confianza y seguridad en el quehacer estatal. Frecuentemente vemos o escuchamos noticias sobre casos de corrupción en el Ecuador que creemos que es un fenómeno que aunque repudiamos, es normal.
Pero, ¿qué podríamos hacer los jóvenes ante esto? El poder ciudadano es esencial en la lucha contra la corrupción, nuestro involucramiento directo en los organismo de control juegan un papel importante. En el Ecuador, en el 2010, se expidió la Ley Orgánica de Participación Ciudadada, que tiene por objeto garantizar la democratización de las relaciones entre la ciudadanía y el Estado en sus diferentes niveles de gobierno y la igualdad de oportunidades de participación en los diversos espacios e instancias creados para la interlocución entre la sociedad y el Estado. En ese sentido, nuestro rol de veeduría y fiscalización en la actuación de los funcionarios públicos es indispensable.
En un contexto así, en el que siempre nos han repetido que los jóvenes somos el futuro y la esperanza del país y ante una administración pública que no siempre responde a las necesidades ciudadanas, informarnos, organizarnos, participar en la política activamente y denunciar estos actos, debería ser nuestro compromiso porque un país transparente y honesto es posible.
